7.1.10

Este viernes se evalúa cuestionado proyecto minero impulsado por lobbystas de la Concertación

El proyecto Caserones se pretende imponer en la cuenca de Copiapó, zona declarada en crisis hídrica y los servicios encargados de la evaluación ambiental presentaron informes negativos a la aprobación. Sin embargo, los poderosos señores Nelson Pizarro Contador y Jaime Andrade Guenchocoy, se encargaron de hacer un lobby poderoso que deja en jaque la confianza de la institucionalidad ambiental debido a los negativos informes de las diferentes reparticiones públicas que han declarado el rechazo al proyecto.

¿Los integrantes de la COREMA Atacama, se atreverán a aprobar un proyecto minero, inserto en una zona de declarada crisis hídrica -reconocida por sus autoridades- cuyo informe consolidado y final de evaluación ambiental, arroja entre sus principales conclusiones que el proyecto significará –precisamente- graves impactos sobre la sustentabilidad hídrica del Valle de Copiapó?

Ni un solo litro de agua fresca a la cuenca, así es la propuesta de la minera Lumina Copper para la región de Atacama, en circunstancias que la crisis hídrica del Valle de Copiapó ya ha sido ampliamente difundida por los medios y reconocida por autoridades y profesionales competentes, poniendo en riesgo a mediano plazo, incluso el abastecimiento de agua para la población.

Pero al parecer el criterio de la empresa de capitales japoneses y lobbystas concertacionistas es diferente y luego de un extenso proceso de evaluación de impacto ambiental que tuvo 3 ADENDAS (informe mediante el cual se le solicitan correcciones a la empresa) no fue capaz de reconocer esta situación e incorporarla en su línea de base, desconociendo sistemáticamente el delicado contexto ambiental del valle en que pretende instalar su proyecto.

La empresa desembolsó US$30 millones para adquirir derechos de agua por 1.098 litros por segundo a los mismos agricultores que podrían verse afectados; y proyecta utilizar 580 l/s para la operación de su yacimiento (equivalente al consumo de una ciudad de 200.000 Hab.), donde por 30 años pretende extraer 3.600.000 toneladas de cobre y 88.000 toneladas de Molibdeno. Aún cuando luego de reiteradas objeciones al diseño de su abastecimiento de agua (desde una batería de pozos en el sector alto del valle) la empresa manifestó la “intención” (textual) de tratar agua desalada de mar solo por 140 l/s y entregarla en el sector medio del valle, la inexistencia de un anteproyecto en este sentido con antecedentes claros al respecto, no logró que la autoridad ambiental considerara como válida esta medida.

Pero sin lugar a dudas, las conclusiones más categóricas en relación a la evaluación final de la propuesta se encuentran en el capítulo IV del Informe consolidado de evaluación de impacto ambiental (ICE, www.e-seia.cl):

“a) En relación al riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos; es posible indicar que atendido lo señalado precedentemente en relación con las materias observadas por la Seremi de Salud, ha manifestado su inconformidad respecto de los antecedentes aportados por el Titular, que se relacionan con los efectos del proyecto sobre la calidad del agua”. Luego continúa…”es posible señalar que no se tienen los elementos para garantizar y concluir que no se generan o presentan los referidos efectos sobre la salud de la población.

Lo anterior en consideración a que las entidades pobladas más cercanas al área del proyecto se ubican en Carrizalillo Grande a 18,5 km y Juntas el Potro a 21 km, las cuales utilizan el agua del río para consumo humano; y a que aguas abajo se ubica diversos caseríos distribuidos principalmente hasta Los Loros.”

Luego, al referirse sobre los efectos adversos sobre la cantidad y calidad del recurso hídrico se indica: …”DGA y SERNAGEOMIN, órganos del estado con competencia en la materia, durante el proceso de evaluación, han manifestado su INCONFORMIDAD respecto de los antecedentes aportados por el Titular, que se relacionan con:

a) La información y metodología utilizada para el levantamiento de la línea de base,

b) La predicción de los efectos del proyecto mediante el uso de un modelo hidrológico,

c) Escenarios de operación posibles

d) Plan de Remediación

d) Planes de Seguimiento y Contingencias,

Y sumado al hecho que el proyecto en evaluación no ha sido formulado ni presentado acorde a la actual y compleja situación del sistema hídrico de la cuenca del río Copiapó, además, de no contar con los respaldos ni medidas suficientes que aseguren la calidad de las aguas asociados al área de influencia del proyecto, esta Autoridad no tiene los elementos técnicos suficientes para garantizar y concluir a cerca de los efectos que el desarrollo del Proyecto ocasionaría sobre el recurso renovable agua para las etapas de construcción, operación y cierre.”

Es de esperar que por esta vez, las autoridades no desconozcan la magnitud de estas conclusiones, hechas por profesionales de los servicios competentes durante un proceso de evaluación que se extendió por más de un año, donde a la empresa en reiteradas ocasiones se le solicitó mayores y mejores antecedentes y en definitiva no logró acreditar que su proyecto no significará un riesgo sobre la salud de la población ni un impacto sobre el recurso Agua, del cual dependen todas las demás actividades del valle de Copiapó.

Por último “off the record”, se señala que las opiniones dentro de la COREMA estarían divididas en relación a la aprobación o rechazo del proyecto, donde a pesar de que públicamente ha declarado que "no existe manera de aprobar proyectos en la región si no se agrega agua", la Intendenta de Atacama Sra. Viviana Ireland estaría a favor de éste y ejerciendo su autoridad sobre los SEREMIS para este fin. En este sentido, tampoco se puede desconocer la enorme influencia de los Lobbystas de la empresa, los poderosos señores Nelson Pizarro Contador y Jaime Andrade Guenchocoy, de vasta experiencia en este tipo de “pugilatos”. Rumores aún más interesantes circulan en Copiapó en relación al apoyo de la empresa a la candidatura oficialista, que no hacen más que menoscabar la alicaída reputación de la institucionalidad ambiental de nuestro país. En fin, así funciona la democracia.

Un escenario complejo para una decisión que involucra mucho más que 1900 millones de dólares, ya que es sabido que muchos otros proyectos esperan “en carpeta” hasta saber la suerte de “Caserones”. Sabemos que quienes tendrán mayor criterio a la hora de votar, sabrán defender los intereses y la sostenibilidad en el tiempo de la calidad de vida de quienes representan, que es a final de cuentas, para lo que fueron elegidos.

Manuel Pizarro M.
Ingeniero Ambiental
Coordinadora por la defensa del agua Tierra Amarilla.

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